Con el objetivo de exponer la difícil situación de las armerías peruanas en el contexto de la reactivación económica, el presidente de la asociación Armerías Unidas del Perú (AUP), José Herman de Vivero, se presentó en la sesión virtual de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, del Congreso de la República del Perú.
Durante esta participación, José de Vivero se dirigió al titular de la comisión, el congresista Walter Ascona Calderón, expresando lo siguiente:
1) La imposición de trabas burocráticas por parte de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
2) Asimismo, se denunció la atención deficiente y demora en los procedimientos administrativos de la mencionada institución. Este contexto retrasa o imposibilita la venta y frena la cadena de producción de este sector.
3) Debido a la pandemia por la COVID-19 y el maltrato por parte de Sucamec, las empresas del sector de las armerías han tenido pérdidas de hasta el 80% en ventas. Asimismo, se reporta la quiebra del 30% de empresas de este rubro.
4) Las armerías cumplen con todos los requisitos de ley para funcionar y están sujetas a fiscalización permanente. Sin embargo, se han reportado visos de persecución a estas empresas por parte de Sucamec.
5) La asociación AUP es clara en señalar que las casas comercializadoras de armas son ajenas a la existencia o incremento de la delincuencia en el Perú. Por el contrario, son proveedores del Estado, patrocinamos del deporte olímpico y dotan de insumos necesarios a las fuerzas del orden.
6) Las armerías son empresas que generan empleo y son sustento de muchas familias peruanas. El sector ha sido golpeado por la pandemia y por desinterés de Sucamec.
Durante la sesión virtual, el área legal de AUP mencionó que la estructura orgánica de la administración de Sucamec vulnera el derecho a la doble instancia, que es reconocido por la Constitución Política del Perú.
Finalmente, el presidente de AUP, José Herman de Vivero, remarcó que las empresas comercializadoras de armas están comprometidas con el cumplimiento de la ley y, además, en muchas ocasiones, cumplen un rol social de primera instancia para que las armas de fuego legales lleguen a las personas que realmente las requieren.